Las constituciones y la reforma jurídica

Las constituciones nacionales son guías fundamentales para organizar las estructuras de gobernabilidad y establecer principios jurídicos acordados. Con el tiempo, las reformas o la reescritura crean oportunidades para que los países integren o amplíen las disposiciones sobre la igualdad de género en sus constituciones. Esto está en consonancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que llama a los Estados firmantes a incorporar el principio de la igualdad de género en sus constituciones. Además, los Estados deben adoptar medidas oportunas para reflejar este principio en todos los aspectos de sus sistemas jurídicos, incluso mediante la modificación de las leyes que sean discriminatorias, la aprobación de leyes que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y la garantía de que las prácticas jurídicas defenderán los derechos de la mujer.

Nuestras soluciones

Un aspecto muy importante del trabajo que realiza ONU Mujeres en el terreno constitucional y de reforma jurídica consiste en ayudar a los socios nacionales a integrar los principios de igualdad de género. También contribuimos a crear consenso en torno a la aplicación de las reformas, de modo que se hagan realidad en beneficio de las mujeres.

En Marruecos, con la ayuda de ONU Mujeres, el Movimiento para la Paridad se convirtió en un poderoso medio a través del cual las mujeres pudieron hacer oír sus voces durante la reforma constitucional. Como resultado, la nueva Constitución consagra la igualdad de género y abre la puerta a la elaboración de una nueva ley que permitirá duplicar el número de escaños parlamentarios reservados a mujeres. En las últimas elecciones nacionales, las plataformas de todos los partidos políticos incluyeron compromisos relativos a la igualdad de género y la proporción de mujeres parlamentarias aumentó del 10 al 17 por ciento.

En Montenegro, ONU Mujeres apoyó al Departamento de Igualdad de Género en la defensa de la modificación de la Ley del trabajo con el fin de que incluyera el principio de mismo salario por el mismo trabajo. La modificación de la Ley de funcionarios públicos obliga a que todos los empleados y las empleadas de la administración pública reciban capacitación en materia de igualdad de género.

La ex República Yugoslava de Macedonia modificó su Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de modo que ahora obliga a las instituciones estatales a incorporar el principio de igualdad de oportunidades en sus planes y presupuestos estratégicos, así como a hacer un seguimiento de su impacto sobre las mujeres y los hombres, incluyendo a través de la recopilación de datos desglosados por sexo.