Preguntas frecuentes sobre empoderamiento económico

El empoderamiento económico de las mujeres es un proceso colectivo y transformador mediante el cual los sistemas económicos se vuelven justos, equitativos y prósperos. Este proceso imagina un mundo en el que todas las mujeres disfrutan de sus derechos económicos y sociales; ejercen su capacidad de acción y poder para enfrentar las desigualdades; y compiten en igualdad de condiciones. Para que esto suceda, todas las mujeres necesitan igualdad de derechos, además de controlar sus recursos, bienes, ingresos, tiempo y sus propias vidas.

La igualdad de género es un derecho humano fundamental y es esencial para fomentar sociedades pacíficas, sanas y prósperas. El desarrollo solo será sostenible si sus beneficios favorecen por igual a mujeres, hombres y personas no conformes con el género asignado al nacer; y los derechos de las mujeres solo se harán realidad si forman parte de esfuerzos más amplios para garantizar que todas las personas puedan vivir con respeto y dignidad.

Muchos organismos internacionales apoyan el empoderamiento económico de las mujeres, como la Plataforma de Acción de Beijing; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; una serie de convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de género en el mundo laboral; y acuerdos multilaterales sobre medioambiente, como el Marco Mundial de la Diversidad Biológica del Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica. ONU Mujeres apoya el empoderamiento económico de las mujeres en consonancia con estas iniciativas mundiales, así como con las pruebas, cada vez más numerosas, que demuestran que la igualdad de género contribuye de manera significativa al avance de las economías y al desarrollo sostenible.

Fomentar el empoderamiento económico, los derechos y la resiliencia de las mujeres marca el camino hacia la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y una prosperidad económica sostenible desde el punto de vista medioambiental. El crecimiento económico inclusivo y sostenible, acompañado de una distribución adecuada de la riqueza para hacer frente a la desigualdad de ingresos, es esencial para la prosperidad. Sin embargo, las desigualdades de género continúan obstaculizando el desarrollo económico y la prosperidad compartida. Las mujeres contribuyen de manera muy significativa a las economías, ya sea en empresas, explotaciones agropecuarias, como emprendedoras o empleadas, o bien realizando trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Sin embargo, existen importantes obstáculos para que las mujeres puedan participar en pie de igualdad en el desarrollo económico, además de contribuir y beneficiarse de él.

El empoderamiento económico de las mujeres es esencial para que puedan ejercer sus derechos y para alcanzar la igualdad de género. El empoderamiento económico de las mujeres implica garantizar que puedan participar y beneficiarse por igual de trabajo decente y de la protección social; acceder a los mercados y controlar sus recursos, sus propios tiempo, vidas y cuerpos; y amplificar su voz, capacidad de acción y participación significativa en la toma de decisiones económicas en todos los niveles, desde el hogar hasta las instituciones internacionales. 

Fomentar la justicia económica y los derechos de las mujeres en la economía y cerrar las brechas de género en el mundo laboral son aspectos clave para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La participación de las mujeres en el mercado laboral también tiene otros beneficios. Por ejemplo, el aumento del 11 % en la participación de las mujeres en el mercado laboral en América Latina y el Caribe estuvo vinculado a las inversiones en educación y servicios de cuidado, el descenso de las tasas de fertilidad y el acceso a la tecnología, entre otros factores.

La igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres también contribuyen a acabar con el hambre, al garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición, y hacer realidad el derecho a la alimentación, no solo para las mujeres, sino también para sus hogares y comunidades. 

El patriarcado; los desequilibrios de poder; las leyes, las políticas y las normas sociales discriminatorias son factores clave en lo que respecta a las desigualdades de género y el desempoderamiento económico. Estos obstáculos impiden que las mujeres participen de forma plena en la economía y aumentan su vulnerabilidad a la pobreza, la inseguridad alimentaria, la violencia y la exclusión. 

La desigualdad de derechos y oportunidades económicas de las mujeres las empuja a la pobreza, y produce brechas de género con respecto a los ingresos, los ahorros, los bienes y el bienestar a lo largo de la vida. Las responsabilidades de cuidado y la discriminación salarial hacen que las mujeres solo ganen un tercio de los ingresos laborales a nivel mundial. Las mujeres también se enfrentan a obstáculos para acceder a recursos como la tierra, la tecnología y los servicios financieros. Por ejemplo, las mujeres solo tienen el 64 % de los mismos derechos que tienen los hombres ante la ley en 190 países, y el nivel de protección legal de los derechos de las mujeres sobre la tierra es bajo en la mitad de los países que presentaron informes (34 de 68 países). Menos del 15 % de los propietarios de tierras agrícolas en todo el mundo son mujeres. Y la brecha de género en la tenencia de cuentas bancarias se redujo a un 6 % en 2021 luego de mantenerse en un 9 % desde 2011.

Lograr el empoderamiento económico de las mujeres implica derribar obstáculos y ofrecer oportunidades en muchos niveles: desde cómo se comportan los individuos, las comunidades y las instituciones, hasta las leyes y políticas que configuran las economías tanto a nivel local como mundial. También implica movilizar a un amplio abanico de actores para trabajar por este objetivo común, incluidas las organizaciones de la sociedad civil; el sector privado; los empleadores y las organizaciones internacionales; las instituciones financieras; los responsables políticos y las personas encargadas de tomar decisiones en el sector público.

En la actualidad, 1 de cada 10 mujeres en todo el mundo vive en la pobreza extrema y 1 de cada 4 experimenta inseguridad alimentaria. Si se mantienen las tendencias actuales, de aquí a 2030, se estima que el 8 % de la población mundial de mujeres —342,4 millones de mujeres y niñas— todavía vivirán con menos de USD 2,15 por día. El empoderamiento de las mujeres tiene un impacto positivo en la salud y el bienestar general de las sociedades y los hogares. Los datos demuestran que aumentar el acceso de las mujeres a la educación, los servicios sociales, la propiedad y el poder de decisión puede disminuir la pobreza de manera significativa. Por ejemplo, al mejorar el acceso a la educación y la planificación familiar; garantizar una remuneración justa; luchar contra las repercusiones del cambio climático en las mujeres, y ampliar las redes de seguridad social, los gobiernos podrían sacar de la pobreza a más de 100 millones de mujeres y niñas. Invertir en servicios de cuidados es particularmente importante. Esta inversión puede ayudar a las mujeres a reincorporarse a la fuerza laboral y acelerar los esfuerzos para erradicar la pobreza.

El empoderamiento de las mujeres tiene un fuerte impacto en las economías de todo el mundo y contribuye a su crecimiento y sostenibilidad de numerosas maneras. Es más probable que las mujeres participen en el mercado laboral si se las empodera. Esto aumenta la fuerza laboral total, que a su vez produce una mayor productividad y rendimiento económico. Empoderar a las mujeres para que sean emprendedoras fomenta la innovación y una prosperidad económica inclusiva y más sostenible. Las empresas dirigidas por mujeres contribuyen a la creación de empleo, la generación de riqueza y la diversificación de las economías. El empoderamiento económico de las mujeres suele ir acompañado de un mayor acceso a la educación y a los servicios de atención sanitaria. Cuando las mujeres tienen acceso a la educación y la atención sanitaria, están mejor preparadas para participar en el mercado laboral, tomar decisiones informadas y contribuir para lograr un desarrollo económico sostenible desde el punto de vista medioambiental.

El empoderamiento económico de las mujeres puede medirse de varias maneras, ya sea mediante el análisis de los logros individuales, la dinámica del hogar, el progreso de la comunidad o los esfuerzos colectivos más amplios. Estos aspectos pueden medirse a través de datos, como los niveles de ingresos, el acceso a los bienes y el tiempo, además de otros factores como el grado de empoderamiento que pueda sentir una mujer a la hora de tomar decisiones económicas. Los expertos suelen utilizar distintos índices —económicos, sociales, políticos y medioambientales— para obtener un panorama completo del empoderamiento económico. Por ejemplo, el Índice de Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura (WEAI) mide el grado de empoderamiento de las mujeres en el sector agrícola mediante el análisis de la producción, el acceso a los recursos, los ingresos, el liderazgo y el uso del tiempo. 

Las medidas de empoderamiento económico de las mujeres también forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de varias metas de los ODS. Sin embargo, los datos para seguir los avances de los ODS relacionados con el empoderamiento económico de las mujeres son incompletos. Actualmente, ONU Mujeres trabaja para mejorar la forma en que recopilamos y utilizamos los datos desglosados por género para medir el empoderamiento económico de las mujeres; por ejemplo, a través del programa insignia “Mujeres y niñas cuentan” (Women Count) y la estrecha colaboración con economistas feministas y nuestro equipo de Investigación y Datos. 

Mejorar el empoderamiento económico de las comunidades exige un enfoque polifacético que derribe obstáculos y promueva políticas y programas inclusivos. Proporcionar una educación accesible y de calidad, así como formación en competencias específicas, dota a las mujeres de los conocimientos necesarios para participar de manera efectiva en la economía. El acceso a servicios y recursos financieros asequibles permite a las mujeres gestionar sus finanzas y acumular bienes. Sin embargo, para garantizar la igualdad salarial y el acceso a trabajo decente para todas las personas, hay que luchar directamente contra la discriminación en el lugar de trabajo.

Apoyar a las empresas y el emprendedurismo de las mujeres mediante iniciativas que brinden formación, tutorías, acceso a financiamiento y oportunidades de creación de redes crea un entorno propicio para que las empresas de mujeres prosperen. Facilitar la participación de las mujeres en los procesos de liderazgo y toma de decisiones de la comunidad también puede mejorar el empoderamiento económico.

Reconocer y reducir la brecha de la participación de las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado también puede mejorar el empoderamiento económico de las mujeres. Cuando el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado se distribuye de manera equitativa, las mujeres tienen más oportunidades de participar en el trabajo remunerado y contribuir a la fuerza laboral. Eliminar las leyes y políticas que discriminan a las mujeres y cambiar las normas sociales y de género nocivas también es fundamental para lograr el empoderamiento de las mujeres.

El sector privado puede generar empleo de manera sostenible, aumentar el acceso a trabajo decente, impulsar la innovación y suministrar bienes y servicios esenciales. Como principal empleador de mujeres, el sector privado desempeña un papel fundamental para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Según la Organización Internacional del Trabajo, las empresas privadas generan una cantidad importante de puestos de trabajo. En los países en desarrollo, más del 90 % de los puestos de trabajo pertenecen al sector privado. 

El papel del sector privado es esencial para promover el empoderamiento económico de las mujeres en el mundo laboral cuando cumple con su deber en los siguientes aspectos: a) proteger y respetar los derechos de las mujeres; b) permitir el liderazgo de las mujeres y su papel en la toma de decisiones; c) promover normas sociales positivas; d) contribuir al empoderamiento económico y la autonomía de las mujeres; e) adoptar políticas y horarios laborales que favorezcan a las familias, y f) prevenir y proteger a las mujeres de la violencia y la discriminación en el mundo laboral.

Las políticas de licencias por maternidad, paternidad y parentales remuneradas son esenciales para lograr la igualdad de género y la prosperidad general de la sociedad. La licencia parental remunerada para todos los progenitores, independientemente de su género, incluidos quienes adoptan, acogen o tienen niñas o niños mediante gestación subrogada o tecnología de reproducción asistida, es solo un ejemplo de las políticas familiares necesarias para que quienes trabajan puedan hacerse cargo de sus responsabilidades laborales y familiares de una manera equilibrada y contribuyan a economías inclusivas y prósperas. Estas disposiciones garantizan la seguridad económica de quienes trabajan y promueven trabajo decente para las mujeres. Implementar licencias por maternidad remuneradas, inclusivas y accesibles, así como licencias de paternidad remuneradas cuya extensión sea la misma que las de maternidad, es clave para repartir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado entre mujeres y hombres de manera equitativa. Para las personas que trabajan en empleos mal remunerados y a tiempo parcial —la mayoría de las cuales son mujeres y personas de color—, el acceso a licencias remuneradas es limitado. Esto realidad tiene que cambiar.

Las trabajadoras informales suelen trabajar por salarios más bajos y en condiciones inseguras, lo que incluye un mayor riesgo de sufrir abuso, como el acoso sexual. La informalidad se caracteriza por la falta de protección social, lo que produce un impacto a largo plazo en las mujeres. Por ejemplo, en todo el mundo, las mujeres reciben menos pensiones en comparación con los hombres, lo que redunda en un mayor número de mujeres mayores que viven en la pobreza.

Las mujeres que trabajan en empleos informales también se ven limitadas por la falta de voz —para negociar o influir en las decisiones—, de visibilidad —reflejada en la escasez de datos y pruebas sobre el empleo informal— y de validez —en la identidad o el reconocimiento legales—. Por estos motivos, las contribuciones de millones de mujeres que trabajan en empleos informales, incluidas las contribuciones de las mujeres migrantes, a las economías nacionales no son reconocidas ni valoradas. Trasladar a las trabajadoras y a las empresas lideradas por mujeres a la economía formal, bajo la protección de la ley y fuera de la informalidad, supondría un paso importante para garantizar el derecho de las mujeres al trabajo y la protección de sus derechos laborales con trabajo decente y acceso a la protección social.